Políticas públicas de apoyo

El ejercicio de la parentalidad, aunque vinculado a la intimidad familiar, debe ser considerado como un ámbito de la política pública y, por ello, deben adoptarse todas las medidas y crear las condiciones necesarias para un ejercicio positivo de la parentalidad. Crear las condiciones adecuadas significa tomar medidas para eliminar los obstáculos a la parentalidad positiva, como son las políticas para promover una mejor conciliación de la vida familiar y laboral, fomentar servicios y entornos laborales favorables para la familia, o sensibilizar a las comunidades para que creen recursos y redes de apoyo para las familias.

El ejercicio positivo de la parentalidad debe ser hoy en día un valor, una inversión de futuro y un recurso de las sociedades a proteger y apoyar dado su papel crucial en el desarrollo integral de las personas y protección de sus derechos, especialmente de las más vulnerables, y como instrumento de cohesión y bienestar social de las comunidades. En esta línea, se deben arbitrar los apoyos necesarios para un desarrollo adecuado del ejercicio de la parentalidad, sobre todo en los entornos donde viven las familias, para que éstas reciban una respuesta próxima, integral y más ajustada a sus necesidades.

Los objetivos a alcanzar con las políticas públicas de apoyo pueden sintetizarse en cuatro grandes grupos que atañen al bienestar de los individuos, las familias y las comunidades:

  1. Construir mejores futuros para las familias. Para ello hay que contribuir a promover las capacidades educativas y el desarrollo personal y social de las figuras parentales y de los propios niños, niñas y adolescentes.

  2. Contribuir a crear las condiciones educativas y psicosociales, así como los apoyos comunitarios apropiados para el ejercicio de la parentalidad positiva. Para ello hay que facilitar la ampliación de las redes naturales de las familias y asegurar el acceso universal de las mismas a los recursos materiales, educativos, de salud, sociales y culturales de la comunidad.

  3. Promover una buena coordinación y co-responsabilización entre los servicios de la comunidad. Esta coordinación implica a las instituciones tanto públicas como privadas en contacto con las familias.

  4. Asegurar los sistemas de calidad en los servicios y en las buenas prácticas de los profesionales. Ello supone mejorar la gestión de los servicios y programas, así como diseñar e implementar la evaluación rigurosa de los mismos y fomentar la innovación de las prácticas profesionales.